Fachada de la Fundación San José.
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Ministerio de Educación Nacional

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Mineducación formuló pliego de cargos contra directivos de Fundación San José

La cartera ministerial también designó una inspectora in situ para verificar el cumplimiento de las medidas ordenadas.

El Ministerio de Educación Nacional formuló pliego de cargos contra directivos de la Fundación Universitaria San José por presuntas irregularidades con la expedición de títulos sin el cumplimiento de todos los requisitos legales.

La medida fue contra Romelia Ñuste Castro, en calidad de rectora, y Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la institución de educación superior.

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De acuerdo con la cartera ministerial, los investigados cuentan con un término de 30 días para presentar descargos y solicitar pruebas.

“Se prevé que los resultados de esta etapa sancionatoria se conozcan dentro de los próximos dos a tres meses”, refirió.

Por otra parte, Mineducación adoptó medidas preventivas y administrativas contra la Fundación, tras identificar “situaciones que podrían afectar la calidad, legalidad y continuidad del servicio educativo”.

La institución quedará bajo seguimiento permanente del Ministerio, que verificará directamente el cumplimiento de las obligaciones académicas, administrativas y financieras.

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Se designó, además, una inspectora in situ que permanecerá en la institución acompañando y verificando el cumplimiento de las medidas ordenadas.

La institución deberá, reportar y actualizar de manera obligatoria la información académica y administrativa requerida, así como corregir inconsistencias ante los sistemas oficiales de educación superior”, anotó la entidad del orden nacional.

Asimismo, la Universidad deberá formular e implementar un plan de mejoramiento para corregir fallas en sus procesos académicos y administrativos.

Entre las presuntas irregularidades identificadas por el Ministerio de Educación se encuentran: expedición de títulos sin verificar todos los requisitos legales, publicidad de programas académicos sin autorización, posibles pagos a docentes por debajo del mínimo legal y falta de reporte obligatorio de información al sistema oficial de educación.

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